Ley 7600
En Costa Rica desde el año 1996 se creó la ley 7600, Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Es una norma de accesibilidad. Su creación fue mucho antes de la creación de la Convención Interamericana de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La cual, fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 1999.
Con estos cambios en nuestra legislación se empezó a ver los nuevos pasos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad. Considero que la ley 7600 es la más visible o conocida por la sociedad en general. Sin embargo, me temo que puede ser una de las más violentadas en nuestro país. En virtud, que su cumplimiento no es el más eficaz.
Fenómeno jurídico
Alda Facio nos habla del fenómeno jurídico y lo relaciono con la discapacidad. Lo que nos quiere decir Alda Facio cuando explica dicho fenómeno. Es que existe un componente normativo que se refiere a la norma. Un componente estructural refiriéndose a quienes interpretan o aplican la norma. Por último el componente político la percepción que tiene la sociedad de la ley.
A que se refiere Alda Facio con todo esto, que la norma, aunque sea perfecta o casi perfecta. En el momento de su aplicación o interpretación no se hace correctamente. Por consiguiente, el resultado de esa incorrecta aplicación o interpretación, es que la sociedad perciba que no tenemos leyes buenas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
Es el reflejo de falta de infraestructura o infraestructura mal diseñada para las personas con discapacidad. También se puede apreciar las dificultades que tiene una persona con discapacidad para desplazarse de un lugar a otro. Por falta de un servicio público adaptado a esta población. En fin, no terminaría de describir las diferentes situaciones que se deben enfrentar las personas con discapacidad por el irrespeto de ley 7600.
En consecuencia, muchas veces tenemos un marco normativo que garantiza los derechos de esta población. Sin embargo, es quebrantado en el momento de su aplicación por la sociedad y el propio Estado.
Legislación
El fin de la ley 7600 es la accesibilidad de las personas con discapacidad a la educación, trabajo, salud, transporte, deporte, entre otras. Que todas las instituciones públicas garanticen el acceso a las personas con discapacidad en igual de condiciones con los demás.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se aprobó en el año 2007. A raíz, de dicho instrumento, Costa Rica en el año 2016 creo la ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Al respecto les comparto mi artículo relacionado con el tema https://catalinagonzalezcr.com/discapacidad/los-apoyos-de-la-persona-con-discapacidad-cognitiva/
La autonomía
Es importante este marco normativo porque permite que la persona con discapacidad, especialmente la persona con discapacidad mental, intelectual y psicosocial se desenvuelva en todos los ámbitos de su vida en igual de condiciones que con los demás. Ya no pueden ser sustituidos por un tercero. Sino que la misma persona con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones, hacerse cargo de su vida. Se trata de potenciar esa autonomía.
Respetar la voluntad
La discapacidad es diversa, llena de matices, no podemos hablar de una sola discapacidad. De ahí, la importancia de evaluar cada caso en concreto. De acuerdo al tipo y sus intensidades. Lo más, importante garantizar la voluntad preferencias, intereses y los derechos de la persona con discapacidad tomando en cuenta todos esos matices.
Se pretende también proteger a la persona con discapacidad de decisiones arbitrarias por parte de terceros que violentarían sus derechos. No es una sobreprotección desde el paradigma anterior, sino valorando la deficiencia que la hace vulnerable frente a ciertos actos.
En consecuencia, uno o varios actos se pueden restringir con el único fin de proteger a la misma persona con discapacidad. Ya que, en esos actos específicos la persona con discapacidad requiere de un apoyo.
Mi actitud como una barrera
Es un nuevo modelo de respeto, identidad e igualdad. Depende de la sociedad en general.
Me refiero, que cada persona es una barrera para la persona con discapacidad. Las actitudes de nosotros mismos cuando interactuamos con alguna persona con discapacidad. En virtud, que a veces los sobreprotegemos, los infantilizamos. Peor aún no respetamos, anulamos o restringimos sus derechos.
Esas actitudes se reflejan con la creación de normas que no contemplan los derechos de estas poblaciones históricamente vulneradas. Lo vemos cuando un juez no interpreta correctamente una norma basado en un perjuicio o estereotipo. Se refleja cuando un ingeniero civil o un representante del gobierno no garantiza que la infraestructura de un edificio sea accesible para la persona con discapacidad. Me refiero a la falta de ascensores, rampas o la construcción no adaptada a la persona con discapacidad.
Cuando el trasporte público no contempla rampas para sillas de ruedas o no trasportan a una persona con discapacidad cuando requiere del servicio.
Peor aún, cuando los niños sufren de una condición de discapacidad y es excluido del sistema educativo porque no le brinden los apoyos necesarios para que pueda estudiar.
Me cansaría de describir miles de situaciones que deben enfrentar las personas con discapacidad.
Pero la realidad nos dice que somos cada uno de nosotros que ponemos obstáculos a las personas con discapacidad. No se justifica que las personas con discapacidad no pueda vivir plenamente su vida por el simple hecho que los seres humanos no respetemos sus derechos.
La obligación de la sociedad de erradicar la discriminación
Según los diferentes instrumentos internacionales, todo ser humano, solo por el hecho de ser persona, tiene dignidad, la cual debe ser respetada. Además, menciona que tiene el derecho de desarrollarse en igualdad de condiciones que con los demás. Es prohibido la discriminación.
Además, obliga a los Estados que ratificaron los convenios internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad de crear normas y políticas públicas que garanticen sus derechos. Y no queda ahí, la responsabilidad del Estado, debe brindar salvaguardias y apoyos necesarios. Pero siempre respetando los intereses, preferencias y su voluntad de la persona con discapacidad.
Esos apoyos y salvaguardias deben ser adaptables a cada condición de discapacidad, por un tiempo definido y sujeto a revisión por el juzgador.
El Estado y la sociedad es parte del problema, pero debe empezar a ser parte de la solución. Con el objetivo de una sociedad moderna más inclusiva y democrática.
Les comparto el siguiente enlace relacionado con el temahttps://catalinagonzalezcr.com/discapacidad/matrimonio-de-la-persona-con-discapacidad-intelectual/
