La vulnerabilidad de está población
La persona mayor está en una condición de vulnerabilidad, porque tienen la particularidad de poder ser lastimados con facilidad. En virtud, que no tienen la capacidad para enfrentar los peligros. Sin embargo, para superar estas adversidades dependerá de muchos factores como físicos, sociales, económicos, políticos.
En Costa Rica gran cantidad de la población de personas mayores viven en condiciones de pobreza, son hogares integrados en la mayoría por niños/as, y menos personas que puedan traer ingresos económicos al hogar.
A lo largo de los años a la mujer se le delego el rol del cuido de los hijos y las personas mayores, lo cual se le imposibilita para poder salir a trabajar y contar con un ingreso económico para su familia. Sumado a ello, el cansancio físico y mental al no contar redes de apoyo en la familia, comunidad y el mismo Estado. Provocando relaciones jerarquizadas en la familia que conllevan a la violencia entre sus miembros, pero invisibilizada cuando hablamos de personas mayores.
Una de las principales causas del abandono es cuando la persona mayor dejar de ser útil laboralmente, al no tener un ingreso económico genera una dependencia con los demás miembros de la familia. Se generan más gastos, lo cual causa más tensión entre sus integrantes. En la mayoría de los casos la persona mayor siente que es una carga para la familia generando cuadros depresión y aislamiento.
Nuevo paradigma
Costa Rica en el año 2016 aprobó la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, de ahí, el termino correcto es persona mayor y no persona adulta mayor. Es importante recalcar el cambio de paradigma, al definir la convención una responsabilidad tripartita relacionado con el cuido y la atención de las personas mayores.
A que me refiero.
Que la responsabilidad de velar por el bienestar de la persona mayor no es exclusiva de su propia familia como históricamente se había establecido, principalmente en la mujer quien tenía una mayor responsabilidad en el hogar aparte de las labores domésticas.
Lo que se pretende con está nueva concepción es que el Estado y la comunidad también son responsables por el bienestar de la persona mayor. Se crean una serie de mandatos que obligan a los Estados Parte a crear normativa y políticas públicas que garanticen la dignidad y seguridad de la persona mayor.
Uno de los objetivos, es ofrecer asistencia domiciliaria, residencial, servicios en la comunidad y asistencia personal, con el fin de evitar cuadros de depresión, aislamientos y la separación de su familia.
La Persona Mayor y el COVID-19
Con la pandemia debemos replantearnos la nueva normalidad y como agrava está problemática en las personas mayores, el confinamiento en los hogares, la falta de fuentes de trabajo genera más tensión y violencia entre sus miembros, siendo está población los más vulnerables ante está situación.
En una pandemia sabemos que quienes corren más riesgo en su salud son las personas mayores, sumado a ello, la pobreza que limita garantizar las medidas sanitarias como el distanciamiento y una adecuada atención médica.
La penalización de los actos de abandono de la persona mayor es la solución.
Otro factor que se agrava con la pandemia es el abandono de la persona mayor, a parte de los demás elementos que mencione anteriormente. Es por ello, la necesidad de penalizar el abandono de estas personas, como se pretende en el expediente número 19.438, Ley que penaliza hasta con cárcel el abandono de las personas mayores de edad.
Es obligación del Estado garantizar la asistencia y mejores condiciones de vida para las personas mayores y sus cuidadores. A su vez, erradicar la pobreza para ofrecer una vida más digna a la población.
Ante la incapacidad del Estado de garantizar una vida digna a la persona mayor y una forma de eximirse de responsabilidad por no contemplar soluciones más integrales para las personas mayores, se pretende crear una norma que penalice el abandono de la persona mayor recayendo o reprochándole la responsabilidad únicamente a su familia. En consecuencia, se sigue manteniendo una violencia estructural hacia la persona mayor.
Así como en la convención de Belém do Pará, se le da un tratamiento más integral a la violencia contra la mujer al mencionar que es responsabilidad de la sociedad y las instituciones garantizar una vida libre de violencia.
Lo mismo ocurre con la persona mayor en Costa Rica existe una violencia estructural, me refiero a todas las formas de violencia que se reproducen y toleran en las diferentes autoridades administrativas, legislativas y judiciales con respecto a las personas mayores. Normalizando la violencia hacia la persona mayor al no garantizar la integridad física y mental.
Es importante replantearse nuevos retos y necesidades a la luz de la nueva normalidad de manera más integral, formando más conciencia en la familia, comunidad y el Estado.
En conclusión, la solución no es responsabilizar con penas cárcel a un sector únicamente de los actos de abandono de la persona mayor, sino se requieren soluciones más integrales donde participen todos los responsables de esta problemática.
